El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) denunció que fue una simulación toda la investigación de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) que derivó en la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ya que hubo diligencias y detenciones falsas, además de manipulación de pruebas y escenarios, lo que complica la reconstrucción de los hechos.

El GIEI reveló la existencia de 50 videos inéditos, en uno de los cuales se observa la presencia del exprocurador Jesús Murillo Karam y de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el basurero de Cocula.

Tras analizar el video, que fue grabado por un dron de la Semar el 27 de octubre de 2014, el GIEI concluye que un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participaron hasta la llegada de la comitiva del procurador Murillo Karam, en una acción de la que “no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación previa e investigación del basurero de Cocula”.

Los expertos señalan que “los elementos de la Marina manipulan bultos que sacan de dos camionetas” y “encienden una hoguera en el inicio de la pendiente”, en tanto que los bultos bajados de las camionetas navales desaparecieron.

En conferencia de prensa posterior a la presentación del informe, los integrantes del GIEI afirmaron que se desconoce hasta ahora el contenido de esos bultos, por lo que pidieron “no especular”.

Sin embargo, el GIEI recordó que más tarde, Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio encabezaron una conferencia de prensa para anunciar la detención de cuatro integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”, supuestos partícipes de la desaparición de los estudiantes en el basurero de Cocula.

Ángela Buitrago, integrante del GIEI, señaló que la investigación realizada por la extinta PGR fue una total simulación y “fue una forma de ocultar el destino de los estudiantes”.

Los miembros del GIEI reconocieron la disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, por permitir que ahora se realice una investigación profunda, pero denunciaron que sigue habiendo resistencias.