La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 54VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, por las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante las acciones violentas que derivaron en el linchamiento y masacre de 15 personas ikoots en el municipio de San Mateo del Mar en junio de 2020.
El organismo recibió una queja en la que se denunció que el 21 de junio de 2020 varias personas originarias de San Mateo del Mar, que previamente tomaron las instalaciones de la agencia municipal de Huazantlán del Río, fueron linchadas por habitantes de esa población, haciendo énfasis en que integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), quienes estaban presentes al momento de los hechos, no intervinieron.
Después de una serie de investigaciones, la CDNH determinó la existencia de situaciones previas que influyeron y detonaron los hechos de violencia, entre ellas conflictos político-electorales entre habitantes de ambas comunidades y el encarcelamiento de cinco mujeres por ejercer su derecho al voto.
Se constataron violaciones graves
En este caso, la CNDH constató violaciones graves a los derechos humanos, a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal; al principio del interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación en relación con los derechos de reunión, manifestación y participación ciudadana.
En la recomendación, el órgano indica además que “no se acreditó que se diera seguimiento a las solicitudes y acuerdos previos de la Mesa de Coordinación Estatal para efectuar patrullajes en la zona y establecer presencia disuasiva”.
Pago justo de compensaciones
Ante lo ocurrido se solicitó que de manera conjunta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gobierno de Oaxaca reparen integralmente el daño causado a las víctimas indirectas de los fallecimientos y a las víctimas sobrevivientes, incluyendo el pago de una compensación justa y suficiente; así como el otorgamiento de atención médica integral, psicológica y tanatológica, considerando su edad, necesidades y cultura.
Particularmente la SSyPC deberá de colaborar en el seguimiento de las denuncias que se presenten por las violaciones a los derechos humanos descritas.
Al gobernador de Oaxaca se le solicitó constituir un mecanismo que garantice los estudios de las víctimas indirectas menores de edad, hasta nivel superior, incluyendo la entrega de uniformes y útiles escolares.
