La Conago, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Sistema Nacional de Transparencia, firmaron un convenio, por el que los gobiernos estatales se comprometen a combatir la corrupción y consolidar las políticas de transparencia y de gobierno abierto.
Durante la firma del documento, el titular de la SFP, Virgilio Andrade, dijo que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se suma a una sola agenda reflejada en 10 puntos fundamentales: el primero de ellos es que todas las entidades desarrollarán normas para que sus servidores públicos presenten declaración de conflicto de interés.
El segundo es la creación de reglas de integridad para que los servidores públicos desarrollen su conducta con base en principios de austeridad, no discriminación y respeto sobre todo a servicios de calidad al ciudadano.
Añadió que el tercer punto consiste en desarrollar reglas de contacto por parte de servidores públicos que participen en contrataciones y obra pública.
La publicación del listado de aquellos servidores que participen en obras públicas y en servicios es el cuarto punto.
El quinto aspecto es el listado de proveedores o contratistas sancionados, a efecto de que la transparencia permita tener mejores condiciones en las contrataciones públicas.
En sexto lugar es la creación de la plataforma para que se integren unidades de ética en cada una de las oficinas de los gobiernos de las entidades federativas.
La séptima medida incluida es desarrollar e incorporar los trámites estatales y municipales a una ventanilla única nacional, que permita la simplificación de los mismos, su digitalización y sus condiciones de entera operatividad.
El octavo punto es incorporar a la sociedad civil y los organismos internacionales a la labor de cooperación en el desarrollo de esta agenda, puesto que no es posible en el siglo XXI desarrollar políticas públicas sin la participación de la sociedad.
La novena disposición es que la reforma en el rubro de transparencia obliga a las entidades a desarrollar normas acordes con el eje común establecido en esta ley, por lo cual el INAI formulará la política pública correspondiente para todo el país, incluidos los estados y municipios.
El décimo y último punto se refiere al desarrollo de las metodologías del Sistema Nacional de Fiscalización, aportado por le Auditoría Superior de la Federación, para dar seguimiento puntual a cada uno de los pesos que se gastan dentro de los recursos federales, en las entidades federativas.
