En el marco de los 10 años del caso Ayotzinapa, estudiantes y familiares de las víctimas realizaron diversas protestas en la Ciudad de México por la aparición de los 43 normalistas.
La marcha inició partiendo desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma hasta culminar en el Zócalo.
A la llegada al Zócalo de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, advirtieron que mientras el caso no sea esclarecido seguirán caminando y levantando la voz.
Exigieron justicia y afirmaron que “gobierne quien gobierne seguirán en la lucha hasta saber la verdad”.
Durante la marcha, los manifestantes del bloque negro volvieron a prender fuego a las vallas que protegen Palacio Nacional; detrás de la muralla de metal no hubo elementos de seguridad en las inmediaciones del recinto.
Investigaciones
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acusaron al presidente de mentirles, traicionar su palabra y proteger al Ejército en las investigaciones para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Le vamos a demostrar, con el apoyo de todos ustedes, que no estamos contentos, que necesitamos esa verdad, esa justicia que no nos llegó en este sexenio y que se va manchado. Se va manchado porque a nosotros nos deja esta herida todavía que sangra”.
Una madre de familia afirmó que López Obrador logró llegar a la Presidencia de la República “gracias a nuestra lucha. De ahí se colgó”.
Los padres de los 43 exigieron la entrega de los 800 folios que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a dar.
Isidoro Vicario Aguilar, del equipo de abogados, destacó que este es un caso emblemático de violaciones de derechos humanos. “Hoy se cumple una década y no tenemos avances”.
Tras defender la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), subrayó que lo único que quieren los padres de los 43 es verdad y justicia, y no tienen ningún interés político.
Piden a Sheinbaum garantizar investigación
Así también, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección México, dijo que las autoridades del nuevo gobierno tienen ante sí una oportunidad invaluable para impulsar una investigación del caso que permita a las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acceder a la justicia y así poner fin a una década de incertidumbre y dolor que tanto las ha afectado.
“Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que su gobierno impulse las acciones que permitan el acceso a la información que tanto han exigido las familias de los jóvenes y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sistemáticamente ha negado”, agregó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección México.
Protestas en los estados
Con el corazón en la mano y el hartazgo de lo que representan 10 años de injusticia, familiares, amigos y toda la comunidad estudiantil alrededor de México marcharon y protestaron al grito de “¡Nos faltan 43!”.
En Morelos, integrantes de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos realizaron acciones de protesta.
En ese mismo lugar, responsabilizaron al presidente López Obrador de la falta de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos, y anunciaron que participarán en la marcha nacional que se llevará a cabo en la Ciudad de México.
En Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró que aún no hay “ni verdad ni justicia”. En un comunicado firmado por el subcomandante “Moisés”, el grupo acusó a las autoridades de carecer de empatía y de actuar como “verdugos” que se presentan como víctimas, resaltando el dolor persistente de los familiares de los desaparecidos.
Preocupa a CIDH paralización de la investigación
Y finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación por la paralización de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada.
El organismo internacional destacó que subsiste una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe, además que persiste el llamado “pacto de silencio” que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores.