Argentina vive una polémica sobre la distribución de alimentos desde el Ejecutivo y el rol de las organizaciones sociales que administran los planes para pobres y desempleados, en un contexto de inflación del 289.4 % anual y un nivel de pobreza del 41.7 % de la población a fines de 2023.
Este lunes, el Ministerio de Capital Humano informó de que apelará la petición de distribución de alimentos a los que la cartera llama “comedores fantasmas”, después de que la Justicia le intimara a repartir cinco mil toneladas que el Ejecutivo de Javier Milei reconoció que mantiene almacenadas y demoradas en dos galpones (naves).
La cartera a cargo de Sandra Pettovello “apelará el pedido del juez federal, Sebastián Casanello, quien solicitó que en 72 horas se elabore un plan para distribuir los alimentos alojados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí del Valle que las organizaciones utilizaban para los comedores fantasma”, indicaron los portavoces del ministerio que lidia con las organizaciones sociales.