El gobierno colombiano y las FARC firmaron los protocolos y anexos del acuerdo sobre “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas”, anunciado el pasado 23 de junio, para facilitar su implementación.
En un comunicado conjunto, la delegación gubernamental y la de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentaron en La Habana, Cuba, los lineamientos con los que se llevará a cabo la dejación de armas.
En este protocolo “se establecen de manera clara las fases de planeamiento y ejecución que permiten: el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) a nivel nacional, regional y local”, indicaron.
Las fases son para llevar a cabo la “adaptación de los dispositivos de la Fuerza Pública en el terreno; el funcionamiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN)”.
El Mecanismo técnico y tripartito de Monitoreo y Verificación estará integrado por representantes del gobierno nacional, de las FARC y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU.
Esta misión de la ONU está integrada, en especial, por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En el protocolo “se determina en detalle el ámbito de actuación y el alcance del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y se fijan criterios de transparencia, credibilidad y confianza en la ejecución del cese al fuego”.
“El mecanismo tendrá presencia en las áreas donde estarán ubicadas las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los ocho Puntos Transitorios de Normalización las 24 horas del día, los siete días de la semana, para monitorear el avance del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, en particular, el cumplimiento de las reglas acordadas para tal fin”.
En caso de que se presenten incidentes que comprometan el cumplimiento del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, el grupo de monitoreo “recogerá la información y la enviará a la instancia regional, para que se haga la evaluación de los hechos”.
El mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado.
Las partes definieron 36 compromisos respecto a conductas y normas que garantizan la no violación de los acuerdos.
