El sector privado aseguró que el Gobierno Federal violentó la ley al exentar de la consulta pública el acuerdo por el que cambió las reglas en materia de energías limpias, lo que le generará pleitos legales y salidas de inversiones.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) coincidieron en que daña la imagen del país e incrementa la incertidumbre jurídica.
Esto porque el viernes se publicó el “Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del Reconocimiento de la Epidemia de Enfermedad por el Virus SARS-CoV2 (Covid-19)”, ya que se hizo violentando la ley.
En comunicados por separados, las confederaciones anteriores explicaron que la Secretaría de Energía (Sener) pidió la exención el Análisis de Impacto Regulatorio para no realizar la consulta pública y proceder a la inmediata publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que se publicó en la versión vespertina del viernes, lo que viola el estado de derecho.
Por una parte, la Coparmex afirmó: “De no reconsiderar este Acuerdo a todas luces ilegal, se tendrán grandes consecuencias para las futuras generaciones en términos de bienestar, medio ambiente y oportunidades de empleos para los jóvenes mexicanos”.
Añadió que esto también es violatorio de derechos y obligaciones que adquirió el Gobierno mexicano en los Tratados de Libre Comercio.
Por lo que pidió que se dé marcha atrás a esta publicación y se abra a una consulta pública, como debió hacerse.
“El Gobierno Federal, una vez más, vuelve a exacerbar la incertidumbre jurídica e inhibe la creación de futuros empleos, al pretender cambiar las Reglas del Mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron las inversiones en su momento, que desde el 2014 que entró en vigor la Reforma Energética ha permitido el crecimiento exponencial de las energías limpias”, dijo la Coparmex.
Mientras que la Concamin aseguró que significa una plena vulneración del estado de derecho, al otorgar facultades extralegales a la CFE relacionadas con la planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el probable abuso de autoridad por parte de la Sener.
