Una vieja estrategia para combatir y debilitar a los cárteles del narcotráfico mexicano es la de congelar sus cuentas bancarias, decomisar sus ganancias económicas, especialmente en Estados Unidos.
Muchos expertos lo han venido sugiriendo desde hace décadas; una estrategia que ya se ha usado con cierto éxito, “aunque ha faltado continuidad en mi opinión”, comenta el analista y abogado Jaime Ortiz, desde Texas. “No sé si por falta de información, de inteligencia o de qué, pero llama mucho la atención que ese tipo de golpes [contra los traficantes de drogas] no se conozcan más a fondo”.
Actualmente, Estados Unidos cuenta con la llamada Ley Kingpin, patrocinada en 1999 por los congresistas Dianne Feinstein y Paul Coverdell. “La función de esta ley es quitar la posibilidad a los narcotraficantes extranjeros de hacer negocios [en territorio estadounidense], hacer transacciones y usar sus recursos económicos o, incluso, recursos materiales, como su casa o sus autos”, explica Ortiz. Esta ley está bajo la supervisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), aunque es el presidente de Estados Unidos quien autoriza las pesquisas.
“Inicialmente fue pensada y diseñada para ir contra los cárteles colombianos”, dice Pablo Salas, desde Miami, quien es de origen colombiano. “Esta misma ley fue aplicada a [Joaquín] “El Chapo” Guzmán, a otro [Ismael] “El Mayo” Zambada y a otros narcos pesados mexicanos en los últimos años”.
Desde su creación, la Ley Kingpin ha servido para que el gobierno estadounidense persiga a decenas de organizaciones criminales en todo el mundo dedicadas al narcotráfico. Además de “El Chapo” y “El Mayo”, también hay registros de cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa son perseguidos y acosados en sus bienes económicos.