La iniciativa republicana en el Congreso de Estados Unidos que propone imponer un gravamen de 5 % a las remesas enviadas desde ese país al extranjero, ha sido presentada como un instrumento para reforzar la seguridad fronteriza y financiar recortes fiscales permanentes. Pero bajo ese barniz de política económica se esconde una medida con implicaciones directas y desproporcionadas para una sola comunidad, la de los inmigrantes indocumentados, y otra con implicaciones criminales, en beneficio del narco.
La propuesta, incluida dentro del paquete fiscal conocido como "El Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley", y que debe ser votada en el pleno de la Cámara Baja, establece que toda persona que no sea ciudadana o nacional estadounidense pagará un impuesto de 5 % sobre el monto total que envíe fuera del país, sin importar si su estatus migratorio es legal o no. A primera vista, parece un gravamen universal, pero "el verdadero objetivo es castigar económicamente a los indocumentados", dice el economista Iván Jiménez.
"El impuesto se puede deducir de los impuestos federales, pero solo si tienes un número de seguro social", explicó el congresista Drew Ferguson (republicano por Georgia), uno de los patrocinadores del proyecto. En otras palabras, "las personas con residencia legal, visas temporales y permisos válidos para trabajar" en Estados Unidos "podrán recuperar el impuesto al momento de presentar su declaración de impuestos o fiscal; para ellos, 5 % se comporta más como una retención temporal", explica Jiménez.
Pero los inmigrantes indocumentados, que en su mayoría usan un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), no califican para esta deducción. "La propuesta no es una medida de seguridad ni de eficiencia fiscal, es una sanción con nombre y apellido: ´Indocumentado´", advierte Julio Ricardo Varela, analista de política migratoria.
