Protegida la figura por la ley, la propiedad privada involucra el derecho indiscutible de las personas físicas o jurídicas de comprar por medios lícitos, conservar, controlar, disponer y dejar como herencia a otros individuos, bienes reales, tales como inmuebles, tierras, capital financiero, o muebles.
La autoridad, en este caso el Gobierno y sus instituciones, tienen la obligación de garantizar la vigencia del orden y del derecho.
Pese a lo anterior, grupos al margen de la ley, de tiempo atrás, aquí y en otros lugares, han intentado contra el orden. Dedicados, entre otros ilícitos, a la afectación de la propiedad privada, su negocio es la invasión de predios, los cuales una vez despojados sirven para la reventa una y otra vez en perjuicio de incautos que así son estafados.
Municipios como Berriozábal y otros aledaños, resienten la presión de estos grupos con el más agudo perfil delincuencial. Ya anteriormente han sido señalados además por una pretendida orientación antisistémica, por lo cual podrían ser considerados objetivo de mayor atención.
Además, han protagonizado una contienda al hacer frente a elementos de la Policía, con saldo de heridos. Esto muestra su desprecio a la autoridad. Pero además, se hallan de tiempo atrás vinculados con cierta corriente partidista de la que reciben incluso instrucciones, por lo que no podría descartarse que su violencia se vincule con agentes que pretenden tener presencia con el fin de obtener prebendas. Así miden el terreno. Sin embargo, expresiones como éstas deberán ser limitadas y los responsables puestos a disposición de las autoridades.En el año 2000 y antes, Pablo Salazar se alió a uno de estos grupos. Eso abrió una puerta falsa tras la que había concertacesiones políticas, algo que se prolongó a la siguiente administración.
Las concesiones que hizo el exgobernador no se cumplieron una vez en el poder. Iracundo, el grupo le secuestró a varios funcionarios. El final de ese episodio se saldó con sangre y detenidos.
Pero además han protagonizado enfrentamientos con la Policía en varias ocasiones en las ciudades.
En la siguiente administración se observó una relación ambigua con el gobierno de Juan Sabines, pero la constante ha sido la reiterada violencia. Queda la impresión, sin embargo, de que esta agrupación que se hace llamar campesina sin serlo, obra por consigna, como lo hacen otros que aún operan o que han desaparecido al paso de los años. Por eso se insiste en que es necesario tomar medidas que lleven a todas las agrupaciones a la sujeción a la ley.
Son esos grupos los que hacen ruido con la intención de obtener concesiones e impunidad para continuar operando en perjuicio de ciudadanos y de intereses legítimos que se hallan tutelados por la legislación vigente.
No solo pretenden quebrar el orden, también obtener ganancia política y económica en un escenario de caos y de violencia.
Frente a estas pretensiones, se debe profundizar en las investigaciones y poner a cada quien en el sitio que le corresponde, pues ni el desorden ni la inseguridad es lo que desea la sociedad.
