Todas las secretarías de Salud de los estados están obligadas a ejecutar un programa para prevenir y atender la violencia de género y tienen protocolos para atender de manera inmediata a las víctimas y dar seguimiento a sus casos, advirtió el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.
“La Secretaría de Salud federal manifiesta su indignación y reitera su postura de cero tolerancia hacia las conductas y manifestaciones de violencia de género y contra las mujeres”, señala el pronunciamiento.
En su postura pública sobre el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, el titular de la SSa dijo que el hostigamiento y acoso sexual son conductas inaceptables en la dependencia federal, lo que quedó establecido con la publicación del 30 de marzo de 2020 del pronunciamiento de cero tolerancia ante estas conductas.
En el documento, la SSa se comprometió a dar vista al Órgano Interno de Control de las denuncias por hostigamiento y acoso sexual que recibe para que este finque las responsabilidades administrativas correspondientes.
El 29 de enero en redes sociales se dio a conocer el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas de 24 años de edad, que realizaba su servicio social en una clínica de la colonia Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
Semanas antes de su feminicidio, Mariana había denunciado haber sido víctima de abuso sexual y violación, que había sufrido en el mismo lugar donde realizaba su servicio social; y pidió a la Secretaría de Salud su traslado a otra comunidad para seguir realizando su servicio social. En respuesta, las autoridades sanitarias la mandaron de vacaciones y le negaron el traslado.
Compañeros de Mariana en la carrera, activistas y usuarios denunciaron en redes sociales, principalmente Twitter, que el feminicidio de la estudiante de medicina se derivó de la falta de atención a su denuncia y posterior solicitud de traslado.
Sobre el tema, la Secretaría de Salud aseguró que existen esquemas en la dependencia para supervisar, monitorear y colaborar en la operación de servicios especializados, así como protocolos para atender de manera oportuna la violencia sexual en contra de las mujeres, y que a partir del feminicidio de Mariana reforzará los vínculos de colaboración con las autoridades estatales.
