La Comisión de Salud del Senado de la República destacó ayer la importancia de desincentivar con medidas legislativas el consumo de los productos chatarra y generar normas que beneficien la salud de la sociedad. En este marco han salido adelante diversas reformas a la Ley General de Salud orientadas a prohibir la promoción de productos de bajo valor nutricional y alta densidad energética en centros escolares. Se habla de tomar medidas para prevenir y vigilar enfermedades como la obesidad, además de promover la orientación nutricional y buenos hábitos para la salud. La Comisión considera que si todos actúan para desalentar los malos hábitos de consumo alimenticio, los resultados serán mejores y mayores en el corto plazo. La alimentación tiene varias aristas, todas importantes. El derecho del individuo es una de ellas, que a su vez se vincula con la economía y el trabajo; la disciplina, responsabilidad y conocimiento que debe tener cada individuo frente a esta necesidad, para asegurar un equilibrio en la salud personal que repercutirá en lo colectivo. Frente a lo anterior se levanta una realidad que cada vez más se menciona en todos los ámbitos. La obesidad y el sobrepeso hoy son el principal problema de salud pública en México al ser primer lugar mundial en niños, y segundo en adultos. El gasto ante esto es el 7 por ciento del presupuesto destinado a salud, sólo debajo de Estados Unidos que invierte el 9 por ciento. La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, entre otros, se afirma, son factores determinantes. Por ello el sector salud del país ha estado reorientando esfuerzos al aspecto preventivo. Paralelamente han surgido voces de alerta contra ciertos alimentos, que pretenden adjudicarles demasiada responsabilidad en el fenómeno. Por ejemplo, se culpa a las bebidas endulzadas, sin que esto termine de convencer. No se pretende pasar por alto que México es el mayor consumidor de refrescos en el mundo. Supera ya a Estados Unidos con un consumo mayor a los 163 litros por persona al año. Rebasa en 40 por ciento al país vecino en consumo per cápita. Sin embargo, al parecer, intencionadamente se ha pretendido establecer una relación directa entre esto y el fenómeno aludido, pero esa sentencia no termina de convencer. Por ello, muy importante sería analizar y determinar causas, con estudios serios y rigurosos, no sobre afirmaciones que se derrumban en varias regiones del país. Sin embargo, el tema de la alimentación sigue siendo un reto en las políticas públicas. Y no es que falte trabajo oficial. En este momento, en primer lugar, la Cruzada Nacional contra el Hambre llega a 7.4 millones de mexicanos que padecen una doble condición: de pobreza y de carencia alimentaria severa. Pero son innumerables las acciones que se realizan con la participación de representantes de la política económica y social de los tres niveles de gobierno. Desde el plano legislativo abundan iniciativas que pretenden influir para mejorar las posibilidades de alimentación sana de la población. Se da como un hecho que en el país, un 30 por ciento de la población carece de alimentos adecuados para aspirar a un desarrollo personal, pero se eleva a 50 por ciento si se consideran variedad, calidad y suficiencia. Uno de los factores, aunque no el único, es la pobreza. Pero el problema que se mencionaba al inicio, la obesidad, no deriva de la pobreza, sino de usos y costumbres relacionados con la forma en que hoy se alimenta un considerable número de personas; no con carencias, sino con opciones que se prefieren sobre otras de menor costo y de mayor beneficio.
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