A partir de la publicación oficial de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno mexicano puso en marcha un ambicioso proceso para actualizar el principal documento de identidad del país.
La llamada CURP biométrica será obligatoria y tendrá un papel clave en trámites públicos, acceso a servicios y validación de identidad. Sin embargo, la normativa también contempla sanciones económicas para autoridades que no adapten sus procesos en tiempo y forma.
La CURP biométrica es una versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población que integrará, por primera vez, datos personales y físicos de cada ciudadano.
Esta credencial no solo funcionará como prueba de identidad, sino también como llave de acceso a múltiples servicios y derechos.
Con estos datos, el gobierno busca consolidar una Plataforma Única de Identidad, que permita verificar la autenticidad de los ciudadanos ante trámites en instituciones públicas y privadas.
También será requisito para acceder a servicios médicos, apoyos sociales y para facilitar la localización de personas desaparecidas.
A diferencia de lo que muchos podrían pensar, de acuerdo con la DOF, las multas no serán impuestas directamente a los ciudadanos por no tramitar la CURP biométrica en una primera fase.
En realidad, las sanciones van dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) que no habiliten en tiempo y forma los mecanismos necesarios para implementar este nuevo sistema. Las multas establecidas van de 10 mil a 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 1.1 y 2.2 millones de pesos aproximadamente.
