México, DF * El Universal. Ellos son obligados a pasar droga a Estados Unidos, otros reciben alrededor de 500 dólares semanales de las redes de polleros para guiar a indocumentados por el desierto, son niños y adolescentes utilizados así por el crimen organizado a lo largo de toda la frontera. Son carne de cañón.
Un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre el fenómeno de la migración de menores de edad no acompañados revela que solamente durante el primer semestre del presente año, 8 mil 340 niños y jóvenes mexicanos fueron detenidos y repatriados de Estados Unidos; de ellos, 261 (3.14 por ciento) reconocieron que migraron para traficar drogas y personas, una tendencia que va en aumento desde 2008.
De acuerdo con el documento elaborado por la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE, en 2008 un total de 173 menores que fueron repatriados de EU declararon que migraron para traficar estupefacientes o para colaborar con las bandas dedicadas al tráfico de indocumentados.
Para 2009 las cifras revelan que las organizaciones criminales emplearon a un mayor número de niños y adolescentes para sus operaciones: se repatriaron 295 menores que aceptaron su participación en estas actividades.
La tendencia de utilizar a estas personas sigue en aumento. El informe de la SRE sobre la repatriación de infantes migrantes de enero-junio de este año señala que sólo en esos seis meses 261 menores cruzaron a territorio estadounidense para traficar drogas y personas, lo que se traduce en 34 casos menos de todos los detectados el año pasado.
Activistas que trabajan con menores migrantes en el norte del país alertan que ya sea por paga o bajo amenazas, en los últimos años el crimen recurre a reclutar a estas personas, pues la apuesta es que si mueren en la operación su pérdida no afectará a la estructura o si son detenidos, los castigos son mínimos.
Samuel González, ex asesor regional del programa global contra el crimen organizado de la Oficina Nacional contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, señala que se trata de un hecho dramático y podría clasificarse como un crimen de lesa humanidad.
