La universidad Harvard se querelló contra el gobierno de Donald Trump por los recortes de financiación “ilegales” anunciados en represalia por no acatar las políticas impuestas desde la administración contra lo que considera antisemitismo en el campus.
“Las acciones de los demandados son ilegales”, señalan desde la universidad en la demanda en la que los abogados del centro recuerdan que el intento del gobierno de “coaccionar y controlar Harvard hace caso omiso” de los principios fundamentales que contempla la Primera Enmienda de la Constitución y que salvaguardan la “libertad académica”.
Según la entidad, “el intento del Gobierno de coaccionar y controlar a Harvard” hace caso omiso de los principios fundamentales de la Primera Enmienda, “que salvaguardan la libertad académica”, y además incumplen las leyes y los reglamentos federales.
El presidente de Harvard, Alan Garber, aseguró en la página web del centro que “las consecuencias de la extralimitación del Gobierno serán graves y duraderas” e impactarán en investigaciones de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el Alzheimer o el Parkinson.
La demanda supone una escalada de tensión entre el mandatario y la universidad, que rechazó el pasado 14 de abril una serie de requisitos del Gobierno para evitar el recorte de fondos, entre los que se encontraban poner fin a sus programas de diversidad y vigilar la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros.