El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma que sanciona hasta con 15 años de cárcel a funcionarios públicos que sustraigan vacunas contra el covid-19 o medicamentos y tanques de oxígeno que pertenezcan al sector salud.
La reforma a la Ley General de Salud, avalada por 81 votos a favor y 10 en contra, crea un tipo penal para el robo de vacunas, ya sea que estas pertenezcan a un programa universal o se implementen en medio de una emergencia sanitaria, como la que actualmente vive el país por la pandemia de covid-19.
Se aprobó una pena de 3 a 10 años de prisión y multa de 300 a tres mil veces la Unidad de Medida de Actualización (26 mil 886 a 268 mil 860 pesos), cuando las vacunas tengan como propósito la inmunización de un agente patógeno. Similar sanción aplicará cuando algún medicamento o alguna ayuda funcional sea de uso esencial durante la acción extraordinaria.
La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados.
