“Hoy es un día histórico” porque la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía se está haciendo realidad, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En una ceremonia en la que se puso en marcha maquinaria pesada de construcción y se presentó un breve espectáculo aéreo con helicópteros, el mandatario pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional concluir la obra el 21 de marzo de 2022.
Según Obrador, la conclusión de la obra se había establecido para abril de 2022, sin embargo, solicitó que se termine el 21 de marzo.
En dos años y medio vamos a terminar el nuevo aeropuerto y estoy seguro que se va a cumplir con este compromiso.
Dijo que México va a contar con un sistema aeroportuario metropolitano.
Aseguró que será la historia la que más adelante diga que Santa Lucía fue la mejor opción, contrario al proyecto de Texcoco.
Reiteró que el aeropuerto de Santa Lucía costará menos que el de Texcoco, al cual se le iban a destinar más de 300 mil millones de pesos.
“No podemos hacer obras faraónicas habiendo tantas necesidades en nuestro país.
“Texcoco iba a costar 300 mil millones de pesos, mucho dinero y a eso habría que añadir los imprevistos.
“Aunque esto es un simple supuesto, estaríamos hablando de una inversión cercana a un billón de pesos.
“No vamos a ejercer esos 300 mil millones de pesos, cuando mucho se van a ejercer 180 mil pesos, pero con ventajas adicionales.
“Se estimaba terminar el aeropuerto de Texcoco en 2024, nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo”, comentó el presidente.
Consulta no es motivo para cancelar
Un tribunal federal consideró que la falta de consulta indígena no es motivo suficiente para frenar la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir el de Santa Lucía hasta que se resuelvan los 150 amparos en trámite contra la obra.
El Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa negó una suspensión a representantes del pueblo indígena de Ajoloapan del municipio de Tecámac, Estado de México, al considerar que la obligación de las autoridades de consultar a los pueblos originarios es un mecanismo que únicamente garantiza su participación.
“La obligación de las autoridades, de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen, no es tan amplio como lo pretenden los recurrentes, ya que si bien constituye un mecanismo para garantizar su participación, ello es sin menoscabo de las decisiones democráticas”, mencionó.
