En México ser joven es peligroso. Un niño o un adolescente tiene una alta probabilidad de ser víctima del delito y la violencia, como de ser coptados por los delincuentes e incorporarse a sus filas.
Pese a que autoridades, académicos y activistas han propuesto como prioritario atender los problemas de los menores, si se busca reducir la violencia, poco o nada se ha logrado por parte de los gobiernos.
Diariamente los menores sufren violencia familiar, abandono, marginación, abuso por parte de familiares, coetáneos, delincuentes, pandillas e incluso de servidores públicos e instituciones, sin que puedan aspirar a un merecido acceso la justicia.
En abril de este año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana creó el “Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada”, un esfuerzo loable que se ha quedado corto. Cinco meses después las instituciones carecen de diagnósticos del problema, desconocen su magnitud y tampoco han desarrollando una estrategia para combatir el fenómeno.
En el Observatorio Nacional Ciudadano, unieron esfuerzos con la Red por los Derechos de la Infancia en México y elaboraron el estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos.
Continuar con la militarización de la seguridad y seguir justificando la ausencia de políticas de prevención bajo el argumento que se incrementaron los programas sociales perpetuará la crisis actual de violencia.
Es común decir que los jóvenes son el futuro, lo cual es inexacto: los jóvenes son el presente y ayudan a construir el futuro del país.
Es imposible garantizar un país seguro cuando quienes lo construyen no tienen ni siquiera el presente asegurado.