La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) impugnó la resolución del juez Primero de Distrito en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, que ordena al Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Estatal y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, realizar acciones eficaces para localizar y destruir las minas terrestres sembradas por el crimen organizado en la Tierra Caliente.
El subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Defensa Nacional interpuso una queja contra la suspensión provisional que Santamaría Chamú, investigado por la FGR por sus fallos contra la reforma judicial, concedió en el juicio de amparo que habitantes de Buenavista Tomatlán tramitaron para reclamar la omisión de autoridades federales y estatales de desplegar acciones para identificar los sitios en los que se han colocado estos artefactos explosivos.
El 7 de marzo, un grupo de habitantes de las comunidades de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, solicitó la protección de la justicia federal ante la falta de acciones para identificar las zonas en las que el crimen organizado a instalado minas terrestres en Michoacán, específicamente en la región de Tierra Caliente.
En consecuencia, el juez Primero de Distrito en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, ordenó a dependencias federales y estatales desplegar elementos necesarios a su cargo para localizar, retirar, desactivar, neutralizar y destruir las minas.
A la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía del Estado le reclamaron la omisión de investigar los casos de personas fallecidas a causa de las minas terrestres del crimen organizado.