El senador Alejandro Moreno Cárdenas presentó una iniciativa para ampliar la definición de “personas políticamente expuestas” acorde a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de dar mayor certeza jurídica a su aplicación y estandarizar los procedimientos de supervisión en el sistema financiero.
“La lucha contra la corrupción no es solo un compromiso político, es una necesidad urgente. Si queremos instituciones fuertes y confiables, debemos garantizar que quienes manejan recursos públicos no puedan ocultar transacciones bajo esquemas opacos o fuera de control”, puntualizó.
La iniciativa establece la obligación de las entidades financieras de reportar todas las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas cuando el monto sea superior a 450 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, impone la responsabilidad de implementar mecanismos de monitoreo continuo que permitan identificar patrones inusuales de operaciones y transacciones que puedan representar riesgos en materia de corrupción y “lavado” de dinero.