La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo, formuló, en audiencia y ante un juez de control del Poder Judicial estatal, una nueva acusación por peculado, en contra del exgobernador, Roberto Borge, por el probable remate de predios a precios subvaluados, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del estado (IPAE), lo que derivó en un quebranto al patrimonio de la entidad.
La audiencia de imputación se llevó a cabo este pasado viernes mediante una videollamada, enlazando a Borge Ángulo, interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, con un juzgado en Chetumal, capital del estado, con respecto a la carpeta administrativa 159/ 2017, sumando así el tercer delito imputado al exmandatario, en el ámbito del fuero común.
Borge Angulo, quien se ha asumido en dos audiencias como presunto preso político y víctima de una probable persecución por parte del actual gobernador, Carlos Joaquín González, se encuentra vinculado a dos procesos previos, por el delito de desempeño irregular de la función pública, correspondientes a las carpetas administrativas 151/2017 y 154/2017.
La audiencia inició con una hora de retraso, fruto de una confusión derivada del cambio de horario entre Quintana Roo y el centro del país, y concluyó a las 14.30 horas.
En ese lapso, la Fiscalía hizo la imputación a Borge y solicitó su vinculación a proceso por el desvío de su objeto de 18 predios propiedad del IPAE, bajo el argumento de que el entonces mandatario fue probable coautor material del delito señalado, por omisión, sin intervenir para frenar el remate territorial.
Los predios se ubican en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Akumal, Chemuyil, Cozumel, Bacalar y Mahahual (Othon P. Blanco).
La defensa legal del exgobernador solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas y pidió la presencia, en la próxima audiencia, del titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado (Agepro), Eduardo Ortiz Jasso, para que incorpore los expedientes auténticos de las 18 operaciones de compra venta.
Los abogados de Borge señalaron que la Fiscalía omitió presentar e integrar al expediente, los dictámenes de procedencia que determinan la viabilidad de la enajenación, motivo del delito imputado.
