Ayer, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó que el hallazgo de porciones petrosas de huesos constituye un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, por el caso de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
En la presentación de la investigación por Violaciones Graves a Derechos Humanos por el caso Iguala, indicó que el análisis genético de dichos fragmentos óseos resulta indispensable en la investigación.
Recomendación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 15VG/2018 a 16 autoridades federales, estatales y municipales en torno a la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinada en Iguala, Guerrero.
El documento contiene 128 puntos recomendatorios en los que se aclara que con esta instancia no se da por terminada la investigación del caso, sino que constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.
El presidente, Luis Raúl González Pérez, dijo que corresponderá a las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales del caso, “el desahogo puntual de las líneas de investigación que se proponen nos permitirá tener certeza sobre el destino de los normalistas despreciados y lograr que la justicia llegue a este caso”.
De acuerdo con el organismo autónomo, autoridades de los tres niveles de gobierno no hicieron nada para actuar y evitar los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y ésta situación “sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.
En la sede del Club de Periodistas, en el Centro Histórico, González Pérez indicó que el documento sintetiza más de un millón de hojas y mil 255 tomos, resultado de las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas de “la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”.
Al afirmar que se trata del caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, comentó que en las pesquisas que realizó se vio obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades que recurrentemente le negaron acceso a la información en su poder, o bien entregaron información de manera parcial, incompleta o desordenada.
Además, de manera negligente o dolosa se negaron a llevar a cabo diligencias o ejecutar acciones que habrían permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos, evitar que elementos probatorios se perdieran o contaminaran.
