La investigadora de la UNAM, Carolina Espinosa Luna, detalló que 22 entidades federativas han ignorado la Recomendación General 25/2016 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a la creación de leyes para prevenir violaciones contra quienes defienden las garantías individuales.
Al presentar el Estudio sobre el Cumplimiento de los Pronunciamientos de la CNDH en materia de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, recordó que la misiva fue enviada a dos mil 545 autoridades de los tres niveles de gobierno.
Precisó que del total, sólo 116 autoridades, que representan 4.6 por ciento, respondieron a la referida recomendación que les giró el ombudsman nacional ante el incumplimiento de su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a las garantías de personas defensoras de derechos humanos.
La investigadora de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la máxima casa de estudios resaltó que el mayor incumplimiento proviene de los dos mil 413 presidentes municipales y jefes delegacionales, pues solo 34 emitieron un oficio de respuesta a la CNDH, lo que significó 1.4 por ciento.
Por su parte, el quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, informó que de 2006 a la fecha se han cometido 36 homicidios de personas defensoras de derechos humanos y “el sólo hecho de que priven a una persona de la vida, ya es para estar en una situación de preocupación”.
En tanto, Pilar Tavera Gómez, especialista en temas de protección, indicó que las violaciones a derechos humanos contra los defensores en la materia son una cotidianidad en el país y las instituciones que se dedican a esta actividad gozan de un grave desprestigio.
La también defensora de derechos humanos destacó los resultados del Estudio realizado por la UNAM, dado que “en el tema que nos ocupa, es difícil encontrar indicadores y el impacto que tienen en la realidad del país, así como el camino a seguir”.
Aseguró que el estudio ayuda a las personas defensoras de las garantías individuales a saber hacia dónde se debe seguir construyendo la agenda para las personas defensoras de derechos humanos.
