Hace unos días se desató larga polémica por días sobre los candidatos y candidaturas independientes. Salieron varios conocidos personajes a argumentar a favor y en contra de la ya no tan nueva figura que al paso del tiempo se ha desgastado luego de haber creado expectativas por encima de la realidad. Un expresidente y exfuncionarios manifestaron diversas opiniones sobre una figura que lo más visible que ha dado es un gobernador que no parece cumplir con ninguna expectativa.
Hace dos años, el mismo el Instituto Nacional Electoral señalaba la necesidad de que las candidaturas independientes fueran objeto de atención especial al existir riesgo en las elecciones se conviertan en la ruta de personas con intereses ilegales para ocupar un cargo dentro de los órganos de representación.
Esta figura que se deriva de la pasada reforma electoral, alertó, es un arma de doble filo que debe ser blindada para garantizar su cauce y que sea un complemento del sistema de partidos. No puede verse como la solución absoluta ante los problemas de credibilidad e inconformidad que hay actualmente hacia los partidos políticos, ya que de no tener los cauces adecuados, incluso podría agravar la actual crisis política.
En este sentido, destacó la importancia de fortalecer estas opciones de participación ciudadana, no para suplir a los elementos tradicionales, sino para garantizar que éstos cuenten de la mejor salud para consolidar el sistema democrático representativo.
En los estados del país, por diversas razones, se aprobaron reformas por las que se modificaron requisitos para los candidatos independientes. Ahora se debe contar con el 3 por ciento de firmas con respecto al listado nominal, con un plazo de 20 días, como es el caso de Puebla.
Este caso particular fue criticado por algunos líderes de opinión, quienes más o menos consideraron la reforma un “candado con dedicatoria”, no obstante que en los hechos únicamente significa que unas 130 mil personas deben acudir a los órganos electorales a presentar su credencial de elector y dar el aval.
Incluso, integrantes de un movimiento de Puebla presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales por considerar que impone trabas a la participación ciudadana en los procesos electorales. Se argumentó que con este cambio, el Ejecutivo y el Legislativo generan una clara ruptura social al ignorar los derechos de la población, establecidos en la Constitución.
No obstante, no es el único estado del país. Antes ya habían legislado en ese sentido los congresos de Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California. En éstos los porcentajes están entre 2 y 3 por ciento de la citada lista nominal. En algunos se pone énfasis en acreditar que no se ha militado en ningún partido político en al menos tres años antes de la elección.
Aumentar el refrendo para dar luz verde a estas figuras no parece ser tan malo, pues después de todos, de eso mismo se trata el proceso democrático, es decir, poner a consideración de la población las ofertas a través de la contienda civilizada.
El solo hecho que en este caso, tras la reforma política, cualquier ciudadano pueda postularse a cargos de elección popular, es un avance en la diversificación de opciones que tiene el electorado, pero como ha señalado el Instituto Nacional Electoral, se debe garantizar su cauce.
