El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió este martes la demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF 2022), en el cual tuvo un recorte de cuatro mil 913 millones de pesos.
Para el instituto, el recorte determinado por el Legislativo careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal e impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de tres mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados.
Agregó que en la elaboración de su presupuesto para 2022 incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual revocación de mandato como de una nueva consulta popular, atendiendo a lo que la Suprema Corte resolvió respecto de otra controversia constitucional que el INE promovió sobre la convocatoria a la consulta que se realizó en 2021, en el sentido de que la autoridad electoral tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución.
