La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad que debe determinar si el partido político Morena puede devolver un monto de su financiamiento público ordinario.
La controversia tiene origen en la solicitud realizada el 8 de noviembre por el partido Morena para devolver 200 millones de pesos del financiamiento público ordinario que ya se le había depositado, con el objetivo de que dichos recursos se reintegren a la Tesorería de la Federación y sean utilizados en la compra de vacunas contra la pandemia de covid-19.
En respuesta a ello, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determinó improcedente dicha devolución, por considerar que la renuncia a financiamiento público debe solicitarse antes de que le sea depositado, por lo que al tratarse de recursos que ya le habían sido transferidos deben destinarse para el fin que les fue otorgado. Frente a ello, Morena presentó medio de impugnación.
A propuesta del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el pleno de la Sala Superior determinó que de acuerdo con la normatividad electoral, el Consejo General del INE es el órgano facultado para vigilar que se actúe con apego a la normatividad electoral respecto de las prerrogativas de los partidos políticos, pues la función de la Dirección de Prerrogativas se reduce a calcular los montos a ministrar a los partidos políticos y carece de facultades para resolver tales peticiones.
Petición de ampliación presupuestal
El Consejo General del INE prevé aprobar un acuerdo donde se acatará tanto las medidas precautorias de la SCJN y el TEPJF que ordenó al instituto continuar con la revocación de mandato, realizar adecuaciones presupuestales y en su caso solicitar a la SHCP los recursos para este ejercicio democrático.
Al iniciar la sesión extraordinaria de este jueves, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, expuso que el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “abrió una nueva expectativa, si así lo decidimos, para que el INE haga una petición de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda”.
Sin embargo, aclaró que “para quienes quieran leer” la sentencia del TEPJF se nos pidió hacer adecuaciones pre pueden poner en riesgo las atribuciones constitucionales que tenemos, ni sus obligaciones legales, ni las estatutarias en materia laboral.
