El Instituto Nacional Electoral aprobará esta semana la convocatoria para la elección de consejeros electorales de Chiapas, lo anterior, tras la remoción de tres de los siete integrantes del Organismo Público Local Electoral. Como se recordará, fueron retirados de sus cargos por haber incurrido en violaciones a la Constitución, entre otros, en materia de paridad de género, durante el pasado proceso electoral de junio del 2015.
En esa ocasión se expuso que por decisión unánime se había determinado la salida de los consejeros locales Carlos Enrique Domínguez Cordero e Ivonne Miroslava Abarca Velázquez. Y por ocho votos a favor y tres en contra -de los consejeros electorales Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Javier Santiago- la remoción de la consejera local Margarita Esther López Morales. Aunque el proyecto original proponía la destitución de todos los integrantes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, no se alcanzaron los votos necesarios, por lo que continuaron en su cargo María de Lourdes Morales Urbina, consejera presidenta, así como Lilly de María Chang Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez y María del Carmen Girón López.
De acuerdo con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, al pronunciarse por la remoción de los consejeros, se demostró una serie de hechos de una gravedad muy importante, extrema en la construcción democrática del país. Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas vulneraron el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la entidad en un doble sentido.
El antecedente de este episodio radica en la organización Red Chiapas por la Paridad Efectiva, que denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el incumplimiento de la paridad de género para las candidaturas del proceso electoral en Chiapas, que se celebró el 19 de julio del año pasado.
Ese organismo, la Red, ganó la sentencia y los 12 partidos políticos que participaron en los comicios chiapanecos para renovar 122 alcaldías y 41 diputaciones locales, debieron nombrar a más de 600 mujeres candidatas a presidenta municipal y diputada local, y redistribuir otras cinco mil posiciones en las planillas.
Lo anterior originó diversos inconvenientes tanto para los candidatos postulados, para los que suplieron, como para los votantes, debido al desconocimiento por una parte del electorado, entre otros problemas que finalmente fueron resuetos en el camino.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas tiene fente así un nuevo camino, por así decirlo, con la posibilidad de obtener experiencia en los hechos del pasado viernes 19 de febrero. La determinación del Instituto Nacional ha mostrado lo ineludible de ajustar todos y cada uno de los procedimientos a lo que expresamente indica la norma de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia.
Esto, de acuerdo con las tareas que tiene a su cargo: contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos politicos, garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado, así como a los miembros de los Ayuntamientos, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, promover el fortalecimiento de la cultura política y democrática de la ciudadanía chiapaneca, y llevar a cabo la promoción del voto durante los procesos electorales.
