El aumento en los precios de medicamentos y servicios de salud, sumado al bajo nivel de gasto público en dicha materia, está elevando la presión económica sobre millones de pacientes en México y provocando que una de cada cinco personas interrumpa sus tratamientos por motivos financieros, advirtieron especialistas durante el webinar “¿Qué es la inflación médica y cómo afecta a los pacientes?”, organizado por la asociación civil Soy Paciente.
El especialista en gestión y políticas de salud, Andrés Castañeda, indicó que desde 2018 los precios de los medicamentos han acumulado un incremento de 53.6 por ciento, mientras que en 2024 cada hogar mexicano destinó en promedio 6 mil 421 pesos a gastos relacionados con la salud, de los cuales 38.3 por ciento correspondió a la compra de medicinas.
“El impacto de la inflación médica puede comprometer incluso la continuidad de los tratamientos. Una de cada cinco personas interrumpe su tratamiento por algún problema económico”, advirtió.
Castañeda explicó que la carga financiera no afecta solamente a quienes carecen de seguridad social. Inclusive entre los derechohabientes, 40 por ciento del gasto en salud de los afiliados al IMSS sale de su bolsillo, mientras que en el Issste la proporción asciende a 52 por ciento.
México destina 2.6 % del PIB a sector salud
Durante este encuentro, la directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Judith Méndez, señaló que el país destina apenas 2.6 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, muy por debajo del mínimo de 6 por ciento recomendado de forma internacional.
La especialista explicó que aspectos como la innovación tecnológica, los costos de investigación y el poder de mercado de la industria farmacéutica influyen en el encarecimiento de los servicios y medicamentos.
Actos médicos son servicios
Por su parte, Luis Fernando Hernández Lezama, presidente de Soy Paciente, sostuvo que el acceso a la salud enfrenta una presión económica creciente y recordó que la jurisprudencia mexicana establece que los actos médicos son servicios y no deben ser considerados actos mercantiles.
