La existencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), no es resultado de acuerdos políticos, sino de una lucha ciudadana que durante muchos años intentó que, por vía de la transparencia informativa, en México hubiera un mínimo de rendición de cuentas.
Que ahora se le quiera desaparecer o que se minimice su existencia supone un severo retroceso y una vergüenza discursiva que hay que señalar. El Inai es de todos, no solamente porque así lo establece la Constitución, sino porque no puede haber democracia si quienes gobiernan lo hacen desde el secreto y la opacidad, como sucedió durante tantos años, hasta que se logró construir el actual derecho humano de acceso a la información pública.
Es lógico que, a los políticos, del partido que sean, no les guste rendir cuentas. Ciertamente se gobierna mejor sin que nadie se entere de lo que uno hace (o deshace). Pero por fortuna, desde hace casi dos décadas existe en México un mandato constitucional que protege el derecho de la gente a saber. Quienes quieren tirarlo por la borda estarían incurriendo en un retroceso histórico de graves consecuencias.
El acceso a la información legalmente regulado, con sus plazos, condiciones, excepciones, límites e instituciones de garantía, no puede ser sustituido por conferencias de prensa, así sean convocadas a diario. Y esto por la sencilla razón de que en las conferencias de prensa es el gobernante el que dice lo que quiere y se guarda lo que no le conviene. Si acaso, se dialoga con periodistas previamente acreditados, algunos de los cuales a veces hacen preguntas que dan pena ajena y son una vergüenza pública para todo su gremio.
Eso es muy diferente a tener normas jurídicas que permitan preguntar lo que se quiere a las autoridades, que les impongan la obligación de subir a internet sus sueldos completos, los contratos de servicios y de obra que firman, los viáticos con que financian sus desplazamientos, la estructura de cada dependencia y un largo etcétera. ¿Hay alguien que podría estar en contra de tener clara y disponible toda esa información? Si lo hubiera, desde luego que no podría ser considerado un demócrata.
Hay que decirlo con claridad: el acceso a la información pública es hoy en día un derecho humano reconocido a nivel nacional por el artículo 6 de nuestra Carta Magna y a nivel interamericano por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al afirmar que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública... Es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
No se debe permitir que una animadversión institucional o la discrepancia sobre la forma en la que ciertos asuntos se resuelven vaya a dar como resultado que arrebaten a todos un derecho humano que costó mucho conquistar. El derecho a estar informados por fortuna es ya una parte del patrimonio constitucional de todos los mexicanos y ahí debe quedarse, para beneficio de las actuales y de las futuras generaciones.
