En el nuevo escenario real del país, hoy el Instituto Nacional de Acceso a la Información coordina el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el que participan sus similares en los estados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Auditoría General de la Nación y el Archivo General de la Nación
Tras la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el IFAI cambió de nombre por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
El que fuera Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y su sucesor es un organismo descentralizado de la administración pública federal, creado para garantizar el derecho de las personas a la información pública gubernamental.
Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, más de 240 dependencias y entidades del Gobierno Federal tienen la obligación de responder a solicitudes en ese sentido.
Recientemente la Cámara de Diputados había aprobado reformas y adiciones a 11 artículos constitucionales en materia de transparencia, por lo que partidos políticos y sindicatos son sujetos obligados a rendir cuentas. Además, las resoluciones del organismo serán vinculantes, es decir, de observancia ineludible, definitivas e inatacables, para los sujetos obligados.
En cuanto a los sujetos obligados en materia de transparencia, son los Poderes de la Unión, los organismos autónomos, los fideicomisos y fondos públicos, toda persona física, moral, sindicatos o fideicomiso privado, que reciba y ejerza recursos públicos, así como los citados partidos políticos. Además de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba ejerza recursos públicos o lleve a cabo actos de autoridad de la Federación, entidades y municipios.
El Instituto es integrado por siete comisionados y para su nombramiento interviene el Senado con el voto de las dos terceras partes de ese órgano legislativo, para nombrar al comisionado.
Es un organismo autónomo, especializado, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.De acuerdo con legisladores, los cambios pretenden hacer que todos los entes gubernamentales sean transparentes, por ello se fortalecerá el acceso a la información. También destaca la inatacabilidad de los sujetos obligados, salvo en materia de seguridad. El Consejo Jurídico del Gobierno federal será la única instancia que podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte, sólo en el caso de que las resoluciones del instituto pongan en peligro la seguridad nacional.Sobre lo anterior, en su momento, tras salir adelante la citada reforma, llamó la atención que todas las fuerzas políticas con presencia el Congreso de la Unión coincidieran en lo positivo y en las nuevas ventajas en el acceso a la información pública gubernamental. Destacaron el nuevo escenario que plantea esa modificación como uno en el que el ciudadano tendrá elementos suficientes para cuestionar o apoyar las diferentes acciones del Gobierno Federal, con base en el pleno conocimiento.
El amplio ejercicio del derecho de acceso a la información en igualdad de condiciones, sin restricciones ni limitantes, da a los ciudadanos una herramienta más eficaz para hacer valer su derecho.
