Combatir la economía informal debe ser parte tanto del esfuerzo para democratizar la productividad como del compromiso de reducir la pobreza y la desigualdad. En este sentido, con el concurso del sector empresarial del país, la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal busca diseñar soluciones que permitan eliminarla.
Lo anterior, de acuerod con el Goberno Federal, permitirá impulsar mejores condiciones de prosperidad y de mayor desarrollo. Para ello se pretende tomar en cuenta la dimensión social del problema. Tanto para administración pública como para la iniciativa privada, la prevención y el combate a la economía ilegal es tarea de todos los órdenes de gobierno.
Este fenómeno ha sido definido como el conjunto de actividades legales e ilegales, cuyo registro sale de las regulaciones fiscales y laborales; mientras que la economía informal abarca aquellas actividades lícitas y que tampoco son registradas, o lo son parcialmente, en las cuentas nacionales y el sistema fiscal. Ambas tienen la característica común de escapar total o parcialmente de las normas del Estado. Se calcula que más de 50% de los trabajadores en Latinoamérica dependen de empleos informales, de mala calidad, en condiciones precarias, sin protección ni derechos, con bajos salarios y sin ningún tipo de estabilidad, pero además, la actividad, que no paga impuestos, en lo que corresponde a este país deja pérdidas al no ingresar más de 950 mil millones de pesos.
La economía informal, no sólo el ambulantaje sino todo el comercio que no está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, representa un desafío que en vez de ir menguando parece crecer, por lo menos en la región mencionada. La informalidad constituye un gran reto de carácter estructural para la región, pues muestra que el crecimiento del Producto Interno Bruto en muchos países no ha permitido crear suficientes empleos asalariados o formales, y por lo tanto es necesario tomar medidas, como se han tomado en el país.
Es un reto, pero también aumentar la calidad de los empleos. En el caso de los jóvenes, la situación es igualmente importante pues la informalidad afecta al menos al 60 por ciento. Se estima que un total de 93 millones de personas están en el empleo informal en 16 países de la región latinoamericana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el subsector informal genera el 12.7% del Producto Interno Bruto con una participación del 28.5% de la población ocupada. Sin embargo, no considera la denominada “economía subterránea”, ni actividades ilegales tales como la evasión fiscal, la piratería, la producción y trafico de drogas, el comercio y transporte de mercancías de contrabando, entre muchas otras.
El empleo informal tiene presencia considerable en cada sector de la economía: representa el 94% de las actividades en la agricultura, el 73% tanto para la construcción como para la industria, el 63% para el transporte, el 48% para el sector servicio. Ante esta realidad, quienes analizan el comportamiento del fenómeno indican la necesidad de revisar leyes, reglamentos y trámites que obstaculizan que quienes quieren emprender un negocio lo hagan por la vía legal. Sostienen que mediante reformas es posible desplegar un crecimiento económico sostenido para emplear y dotar de oportunidades a las personas que hoy no pueden incorporarse a la economía formal.
