La informalidad laboral es uno de los más importantes retos que afectan el disfrute del derecho al trabajo; sus altos niveles inciden negativamente en los ingresos públicos y en las capacidades estatales para ofrecer servicios públicos de calidad, además establece una competencia desleal entre empresas y, a la vez, se perjudica a las empresas informales que no tienen acceso al crédito y no pueden crecer, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Tan solo entre 2009 y 2020, la informalidad laboral en México ha registrado porcentajes cercanos al 60 % de la población ocupada. Al respecto, grupos como los jóvenes (59.2 %), personas adultas mayores (75.7 %), personas trabajadoras en el sector agropecuario (86.9 %) y la población ocupada con menor escolaridad (79.5 %) presentan porcentajes por encima de la informalidad promedio, destaca el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2022 elaborado por el Consejo.
El objetivo del diagnóstico es identificar los cambios en las condiciones que determinan el derecho al trabajo, así como nuevas formas de garantizar este un contexto cambiante, originado principalmente por la emergencia sanitaria y por las reformas en materia laboral, así como contar con información oportuna sobre el avance en la materia.
El debilitamiento en los servicios públicos refuerza las prácticas de vinculación por medios informales mayormente asociadas al trabajo informal, potencia las consecuencias negativas de la vinculación informal, más aún cuando se trata de un contexto de contracción y poco dinamismo de la economía.
Un panorama de esta problemática es que el porcentaje de personas trabajadoras desempleadas que acudió a los servicios públicos de colocación fue de 1.3 % en el primer trimestre de 2017 y descendió a 0.8 % en 2021. Por el contrario, aumentó la importancia de la intermediación por medios privados, al incrementarse del 25.3 al 36.6 % entre 2017 y 2021.
