La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado, especializado en materia tributaria, que proporciona gratuitamente asesoría y consulta, defensoría y representación, así como procedimientos de queja o reclamación contra actos de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes, que pretende garantizar el derecho de quienes pagan contribuciones a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal.
El organismo registró a finales del año pasado en esta entidad trescientas denuncias en su mayoría por demora en el reintegro del pago de impuestos e inconformidades ante el Servicio de Administración Tributaria. Otra dependencia que generó inconformidad fue el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por omisiones en perjuicio de derechohabientes morosos.
Entonces se estableció que durante ese período, la queja fue el segundo servicio más solicitado, después de las asesorías, y por encima de las representaciones legales.
Por otra parte, a nivel nacional la Procuraduría registró, de enero a noviembre de ese año, 22,941 quejas y reclamaciones, lo que representó un aumento de 41 por ciento respecto al mismo período del año anterior. El motivo principal de los contribuyentes fue también atraso en las devoluciones con un 32%; 9% por deudas fiscales; 6% por multas y 6% por el Registro Federal de Contribuyentes, porque se dieron de baja de una obligación y aparecen dados de alta o por los robos de identidad.
Lo anterior, no obstante que debido a disposiciones recientes, se indica que la devolución a partir de las reformas hacendarais están listas entre 21 días y 72 horas.
La mayoría de las personas físicas que se acercan con un problema de devoluciones son básicamente asalariados que presentaron su declaración anual con un saldo a favor y que no tienen respuesta.
En un informe anual, el organismo dio a conocer que durante 365 días tramitó 800 quejas contra la autoridad fiscal, con un valor reclamado por los contribuyentes por tres mil millones de pesos. Compara que esta cantidad equivale al 12 por ciento de la recaudación total del Impuesto Empresarial a Tasa Única durante el primer semestre de 2012. Enlista además asesorías a siete mil contribuyentes, con un promedio de 586 al mes.
En cuanto a un tema delicado, la inmovilización de cuentas bancarias y los procedimientos administrativos de ejecución, suman 292 y 176.2 millones de pesos, respectivamente. Asimismo, emitió 27 recomendaciones a distintas autoridades fiscales de las cuales sólo una tercera parte fue aceptada.
El organismo autónomo patrocinó 714 medios de defensa legal a nombre de los contribuyentes, con 64 por ciento de efectividad y un costo total de 20.7 millones de pesos.
De los causantes atendidos por la a Procuraduría, en las áreas de Quejas y Representación legal, un 70 por ciento son personas físicas. El porcentaje restante, 30 por ciento, corresponde a personas morales que no obstante contar en su mayoría con asesoría de abogados y contadores, recurren a la Procuraduría para solicitar su apoyo.
Es necesario que esta información trascienda, porque así como es importante contribuir para el sostenimiento nacional, también lo es hacerlo con justicia y equidad, sin cargas excesivas, o que no correspondan a la realidad.
