El PRI en la ALDF presentó reformas al Código Penal para el Distrito Federal sobre delitos contra el servicio público, a fin de prohibir que funcionarios que incurrieron en algún ilícito sean candidatos a puestos de elección popular.
El coordinador del instituto político en la Asamblea Legislativa capitalina, Israel Betanzos Cortés, planteó que la corrupción inhibe la eficiencia del gobierno en la provisión de bienes públicos, por lo que es necesario un marco jurídico que garantice el pulcro desempeño de los servidores públicos.
Expuso que siempre que concluye una administración en los tres niveles de gobierno, algunos funcionarios públicos utilizan recursos del erario para fortalecer campañas políticas o sus propias finanzas.
Esa situación se agrava, subrayó, porque al ser mínimas las sanciones previstas en el Código Penal, continúan las faltas a la ética en el servicio público.
El diputado priista aseveró que la debilidad o la ausencia de leyes, normas y prácticas administrativas, son factores principales de la incapacidad que existe para detectar y prevenir actos de corrupción.
En la exposición de motivos de la propuesta se establece que en caso de inhabilitación de un servidor público también se le imposibilite su derecho a ser electo a un cargo de representación popular.
Argumentó que en repetidas ocasiones funcionarios inhabilitados por la Contraloría para el desempeño del servicio público por desvíos de fondos del erario o por la práctica de delitos son premiados con esos espacios por las instituciones políticas en la que participan.
