La Contraloría General de Nuevo León y Transparencia Gubernamental inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos a cuatro exfuncionarios de la pasada administración estatal, quienes, además, deberán resarcir al erario 210 millones de pesos.
Lo anterior, se informó en un comunicado, luego de que a los exintegrantes de la administración 2009-2015 se les atribuyera haber otorgado incentivos económicos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares.
La contralora general, Nora Elia Cantú Suárez, indicó que notificaron las inhabilitaciones correspondientes a Juana Aurora Cavazos, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social y Patricia Aguirre González, exdirectora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado.
Asimismo, a Juan Manuel Fernández García, exdirector general del Instituto de Vivienda del Estado, y a Sergio Alejandro Alanís Marroquín, exdirector general del Instituto de Vivienda del Estado, en la parte final de la administración.
Cantú Suárez refirió que la Contraloría estatal ha dictado 11 resoluciones de inhabilitación en lo que va de la actual administración.
Añadió que el equipo de trabajo de la Contraloría se encuentra integrando otras investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa.
“Estimamos que como resultado de dichos procedimientos, más exfuncionarios de primer nivel podrían ser inhabilitados”, advirtió.
Para tal efecto, la Contraloría estatal mantiene constante comunicación con los órganos de control interno de las dependencias del estado, apuntó.
“Trabajamos con ellos para la detección de irregularidades que dan pie a la aplicación de sanciones y, en su caso, inhabilitaciones a funcionarios de todos los niveles de gobierno”, dijo la funcionaria estatal.
Por otra parte, mencionó que la Unidad Anticorrupción adscrita a la Contraloría, continúa remitiendo denuncias a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntos actos delictivos en los que se han visto involucrados servidores públicos de diversas dependencias.
En estas últimas dos semanas, señaló la contralora estatal, se han presentado 18 denuncias más a la Subprocuraduría que encabeza Ernesto Canales.
