Al iniciar el análisis del Paquete Fiscal 2021 que ejercerá el Gobierno del Estado de México, diputados mexiquenses pidieron a autoridades de la Secretaría de Finanzas información detallada sobre el uso de 13 mil 500 millones de pesos, que solicitan contratar como deuda y con los cuales el endeudamiento estatal ascendería a 69 mil millones de pesos.
Toda vez que el 50 % de la deuda solicitada en el Paquete Fiscal 2021, se invertirá en proyectos que desarrollará la entidad con la Federación y que el otro 50 % es para obras y acciones del Gobierno Estatal; contar con el catálogo de obras es un requisito indispensable para tomar una decisión responsable, afirmó la diputada Azucena Cisneros Coss del partido Morena.
En reunión de las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, que se declaró en sesión permanente, las diputadas Azucena Cisneros y Elizabeth Millán García, así como los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Max Correa Hernández, todos de Morena, solicitaron a los funcionarios estatales, encabezados por Roberto Inda González, subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, ampliar la información sobre el endeudamiento.
En la sesión, los funcionarios de la Secretaría de Finanzas señalaron que de los 13 mil 500 millones de pesos que solicitan contratar, seis mil 100 millones de pesos corresponden a proyectos en conjunto con la Federación, de los cuales cinco mil millones de pesos serán para el Tren Rápido o Trolebús de Chalco a Santa Martha y mil 100 millones de pesos para vías de comunicación entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.
Los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas se comprometieron a entregar el catálogo detallado de las obras a cargo del Gobierno Estatal, e informaron que para 2021 se reducirán dos mil 450 millones de pesos de recursos federales para el estado, que la UAEMéx y los Cusaem ya han realizado pagos de sus adeudos con el Issemym y que hay un acuerdo, entre los titulares del Ejecutivo estatal y federal, para ceder los hospitales inconclusos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
