El pleno del Congreso de Puebla aprobó el inicio de procedimientos sancionadores en contra de ex funcionarios de 36 municipios y organismos municipales por un presunto daño patrimonial del orden de los 62 millones de pesos.
A propuesta de la Comisión Inspectora del Congreso, los legisladores dieron luz verde (con 28 votos a favor, cero en contra, dos excusas y seis abstenciones) al inicio de los Procedimientos Administrativos y de Determinación de Responsabilidades en contra de ex alcaldes y ex funcionarios municipales que fungieron como autoridades durante el ejercicio fiscal del 2016.
Y es que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos en 29 municipios, seis sistemas operadores de agua y uno de limpia pública, por lo que los funcionarios responsables deberán solventar las anomalías o de lo contrario enfrentar denuncias penales.
La presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso, la legisladora Olga Lucía Romero, explicó que a partir de su notificación por estas observaciones, los ex alcaldes o ex titulares de organismos estatales tienen hasta 30 días para solventar el presunto desvío de recursos públicos.
En caso de no solventarse, será la Auditoría Superior del Estado (ASE) la que presente, en caso de considerar procedente, las denuncias penales el año entrante para sancionar los daños patrimoniales.
