La iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos pone en riesgo la competitividad, el clima de negocios, además que, de aprobarse, violará la Constitución y los tratados comerciales internacionales que firmó México, dijo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El grave riesgo que observa el IMCO es que se dan facultades discrecionales a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender los permisos a privados vigentes cuando consideren que representan un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía.
Las condiciones bajo las cuales se daría ese escenario “en los hechos, representaría un acto de expropiación directa” porque se intervendrían u ocuparían las instalaciones y también se hará uso del personal de los permisionarios.
Por ello, exhortaron a los diputados “a no aprobar esta iniciativa. Esto representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no sólo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México”.
Para el IMCO son claras las afectaciones: “La iniciativa conlleva repercusiones negativas para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano, cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido”, porque la operación se quitaría a los privados y se pasará a Pemex, “cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas”.
“Además, la reforma impacta directamente a las empresas que operan en estos segmentos al generar un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades reguladoras”, explicó.
