Transformar al país es una de las tareas de política pública más complejas para cualquier Estado democrático, las cuales deben encontrarse sustentadas bajo evidencia estadística que permita evaluar su impacto y tomar las mejores decisiones para los mexicanos. Por lo tanto, las prácticas demagógicas en la toma de decisiones de política pública, resultan un grave peligro para cualquier sociedad.
Durante los últimos años, las diversas fuerzas políticas han sido las arquitectas de un importante andamiaje institucional que ha favorecido el desarrollo democrático, la pluralidad política y una serie de recursos jurídicos a favor de los mexicanos, no sólo desde el ámbito legislativo, sino también en la construcción de la política pública.
Por ello, hoy en día no solo es incomprensible, sino injustificable la eliminación de las estancias infantiles en un gran parte del territorio nacional, bajo el argumento de supuestos actos de corrupción, de los cuales ni la Secretaría de Bienestar, ni el propio DIF tienen información constatable; tampoco es justificable la aplicación de medidas de austeridad en un programa que ha resultado benéfico para miles de madres trabajadoras.
Es importante señalar que a partir de la eliminación de este programa social, se eliminó el subsidio de 950 pesos mensuales que el gobierno federal le otorgaba a las estancias infantiles por cada niño, lo cual significa también un duro golpe para el personal que labora al interior de las estancias, en un momento donde la economía mexicana requiere cuidar de los puestos de trabajo ya existentes y no aplicar medidas presupuestarias en su detrimento.
A partir de lo anterior, cientos de estancias infantiles en todo el país han interpuesto amparos y poco a poco han logrado comprobar que no existe ningún índice de corrupción o desvío de recursos en el manejo de los subsidios. De ahí que muchos juzgados de distrito en distintos Estados, han otorgado la suspensión definitiva a favor de las administradoras de estancias infantiles y se ha obligado al gobierno federal a restituir la entrega del subsidio para los hijos de las madres trabajadoras. Sin duda, se trata de una gran victoria desde la vía judicial no sólo para las administradoras, sino también para la sociedad.
Con la eliminación de los subsidios a las estancias infantiles, el gobierno ha dejado inobservable el principio del interés superior de la niñez que se encuentra en el artículo 4o. constitucional, bajo el cual se deberían regir las decisiones del Estado mexicano; pero también ha dejado inoperables los esfuerzos históricos y permanentes que ha realizado el Congreso de la Unión, por armonizar el derecho nacional y el internacional para lograr que los niños y jóvenes se encuentren protegidos ante los riegos sociales y económicos que existen en este mundo dinámico y complejo, anteponiendo el interés superior de la niñez a cualquier acto de carácter político.
Desde el Senado Mexicano, se ha emprendido una tenaz lucha a favor de las estancias infantiles, es decir, una lucha porque las niñas y niños cuenten con instrumentos cercanos y a su alcance para su desarrollo personal, no sólo en su cuidado, sino también los aspectos más básicos de su integridad como: la salud, la educación, la recreación y el bienestar. Y es que, no cabe duda, que apostar por una juventud sana y fuerte es asegurar también el futuro de nuestro país y la solidez de la familia mexicana.