El propósito de eliminar el fuero, un tema viejo en el Congreso de la Unión, generó decenas de iniciativas que fueron a la basura en por lo menos 30 años y en este abril, por impulso del PRI, PVEM y Panal, la Cámara de Diputados por unanimidad rasuró esa figura del orden constitucional.
El Senado tiene el compromiso político de legislar el tema esta semana. Mucha es la prisa y surge un contraste: Lo que fue un tema permanente en las agendas legislativas de la oposición y que la sociedad ha visto con interés, como una oportunidad de atacar a los servidores públicos corruptos, tiene que resolverse con prontitud porque esta semana cierra el Congreso y el país está en campañas políticas.
Fue idea de José Antonio Meade Kuribreña, el candidato sin militancia del PRI, quien propuso acabar con el fuero y en la Cámara de Diputados, el coordinador de los priistas, Carlos Iriarte Mercado presentó la iniciativa correspondiente que se dictaminó junto con otros 31 proyectos.
El objeto es eliminar de la Constitución las garantías procesales que tienen el Presidente de la República y los servidores públicos con mando superior en los poderes de la Unión y organismos constitucionales autónomos en el ámbito federal; además, obliga a que a nivel local queden sin fuero los gobernadores y el resto de la pirámide que hoy por hoy tiene inmunidad para el cumplimiento de sus funciones.
Está en revisión en el Senado la nueva regla: En caso de que el juez determine la interposición de la medida cautelar de prisión preventiva a un servidor público, éste será removido de su cargo.
Esto acabaría con la inmunidad, una figura del sistema de equilibrio de poderes, señalan diversos especialistas, entre ellos Diego Valadés Ríos, Jorge Islas, así como el senador con licencia, Roberto Gil Zuarth.
Coinciden en que el retiro de ese escudo deja intocado el monstruo de la impunidad. En cambio, la gobernabilidad estaría en problemas.
Valadés señala que la reforma “no contribuirá a combatir la impunidad, porque el próximo Presidente, sea quien fuere, estará sometido a un acoso constante”.
El juez podrá prohibirle salir del país y hasta de su casa. “No es una reforma digna de un país serio”, dice.
Este asunto, bajo presión de ser aprobado ya, está en el Senado, y aplicaría para toda la clase política que renueva posiciones el 1 de julio