Luego de que Claudia Sheinbaum negó que la reciente reforma en materia de telecomunicaciones implique que el Gobierno vaya a espiar a la población, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, insistió en que esas modificaciones legales instauran un Estado espía.
El dirigente panista lanzó un nuevo reto a la mandataria, al emplazarla a que presente una iniciativa en donde quede perfectamente claro que para poder geolocalizar a una persona se requiere de orden judicial.
En un comunicado, reiteró que México se encamina hacia un Estado totalitario con las reformas impulsadas por Morena, y advirtió sobre otras leyes como la aprobada en Puebla, donde se castigará a quienes publiquen en redes sociales contenidos contrarios al Gobierno.
“En Puebla ya aprobaron una ley que, si al Gobierno no le gusta lo que publicas en tus redes sociales, te pueden censurar y hasta meterte a la cárcel”, subrayó.
Romero recalcó que diversos articulados del paquete de reformas aprobado en el Congreso de la Unión habilitan métodos de espionaje a los mexicanos por parte de las autoridades, por lo que recordó que hace unos días lanzó un primer reto directo a Sheinbaum para que demuestre que su gobierno no podrá solicitar la geolocalización de ciudadanos sin una orden judicial, tal y como advirtió la oposición.
Critica lógica política en presupuesto 2026
El otro orden, el Gobierno Federal propone un recorte al presupuesto 2026, es decir, en comparación con el 2025, se contempla un total de 546 programas presupuestales, lo que representa una reducción de 347 programas (38.9 %), denunció Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados.
Detalló que la principal afectación se observa en los sectores de infraestructura y salud; y por el contrario, se privilegian otros sectores, como el militar.
“La drástica reducción de programas presupuestarios no es solo una medida de austeridad, sino un profundo retroceso en el desarrollo económico, en la inversión física y en la atención médica en el país. Esta reestructuración no garantiza crecimiento económico, ni empleo y no mejora las condiciones de salud, privilegiando en cambio sectores de interés político y militar, lo que debilita el enfoque de derechos y la transversalidad al desaparecer programas esenciales para grupos prioritarios y poblaciones en desventaja”, aseveró.
Agregó que se observa una preocupante disminución de la capacidad técnica del Estado en áreas tan sensibles como la salud, el sector energético, el desarrollo de infraestructura y el combate a la corrupción.
Destacó el recorte en las empresas públicas del Estado, donde Pemex pasa de 22 a 12 programas, que equivale a 45.5 % menos, y CFE que pasa de 27 a 16 equivalente a 40.7 % menos.
