La Cámara de Diputados aprobó en votación económica un punto de acuerdo, como urgente y de obvia resolución, para exhortar a las 32 entidades a que tipifiquen como delito el turismo sexual infantil e incluyan en sus códigos penales las sanciones respectivas.
A nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julieta Fernández, alertó que esa práctica no está sancionada en la mayor parte de los códigos penales locales, por lo que solicita se castigue con hasta 20 años de prisión y multas de mil 500 unidades.
Expuso que el turismo sexual se da cuando extranjeros o mexicanos se trasladan a algún punto del territorio nacional con un doble propósito: ya sea por negocios u ocio, pero además con el fin de contratar encuentros sexuales con menores de edad.
Las víctimas no tienen relaciones sexuales con los turistas por “su voluntad”, sino que son contactados por personas relacionadas con el ramo turístico, como guías, taxistas o trabajadores de hoteles, restaurantes o los llamados antros, cuya complicidad se encuentra a la vista.
Eexplicó que en México el turismo sexual infantil es un “cáncer” silencioso que creció exponencialmente durante los últimos 15 años.
Hizo notar que el “país está considerado dentro de los cinco primeros vergonzosos lugares a nivel mundial, lacerando gravemente nuestro tejido social y lo más valioso que tenemos: nuestros niños y niñas”.
La priista refirió que la ONU ha señalado la falta de estadísticas y datos confiables sobre el alcance de la explotación comercial infantil en México.
“No se ha llevado a cabo estudio alguno de manera oficial por las instituciones o dependencias de la prevención del delito o de procuración de justicia”, lamentó.
La legisladora también dio a conocer un informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, según el cual el turismo sexual aumenta en especial en áreas como Acapulco y Cancún, así como en ciudades fronterizas, entre ellas Tijuana y Ciudad Juárez.
Insistió que esa dependencia estadounidense calcula que cada año al menos 20 mil infantes son víctimas de las redes de prostitución, que los engañan con falsas ofertas de empleo para trasladarlos de regiones rurales pobres a ciudades, zonas fronterizas y/o turísticas.
