El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Estados Unidos una denuncia contra el gobierno de México debido a lo que calificó como “ataques” a la libertad de expresión de periodistas, comunicadores, críticos y ciudadanos, la “persecución a opositores” y la “violación” de los derechos civiles y políticos de los mexicanos.
Moreno Cárdenas entregó en la sede de la ONU en Nueva York un escrito dirigido al secretario general, Antonio Guterres, “para poner en conocimiento de la comunidad internacional la grave situación que atraviesa México y las violaciones sistemáticas cometidas por el gobierno de Morena”.
A través de redes sociales, acusó al gobierno mexicano de incumplir compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo.
“Expuse cómo, desde el Gobierno de México, se integran y publican listas de críticos, periodistas, medios de comunicación, plataformas digitales y ciudadanos que se han vuelto incómodos por ejercer su libertad de expresión”, detalló.
“Denuncié la censura y la persecución política a los opositores, los intentos por decidir qué información pueden recibir los mexicanos, la obligación de entregar datos biométricos para registrar líneas telefónicas, la crisis de desaparición forzada de personas y la consolidación de un régimen autoritario.
“También señalé la colusión de autoridades emanadas de Morena con los cárteles del crimen organizado, la captura de los órganos electorales, particularmente del INE, y la destrucción del sistema democrático y judicial del Estado mexicano”, agregó.
Se vuelve a amparar contra alerta migratoria
Así también, Alejandro Moreno Cárdenas se volvió a amparar contra la emisión de la alerta migratoria en su contra que lo puso nuevamente en la mira de las autoridades.
El también senador reclamó su inclusión en las listas de control migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que significa que se podría bloquear su salida o ingreso al país.
Sin embargo, Giovanna Umelia Garrido Márquez, jueza séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, electa por voto popular, negó la suspensión provisional solicitada por el político campechano.
