La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a un centenar de altos funcionarios públicos que pudieron haber incurrido en enriquecimiento ilícito, aseguró el titular de la dependencia, Virgilio Andrade, en entrevista. Aseveró que las indagatorias son parte del combate a la corrupción.
La investigación también incluye a funcionarios de sexenios pasados, toda vez que en el ámbito administrativo el delito prescribe, pero no en el penal, así que la Secretaría de la Función Pública, dijo Andrade, se encarga de documentar los casos.
Como ejemplo de que caen altos funcionarios por actos contrarios a la ley, señaló a los titulares de Exportadora de Sal, Jorge Humberto López Portillo; de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Luis Rivera Montes de Oca, y del Puerto Topolobampo, Javier Tovar Jácome.
Con 10 meses al frente de la SFP, Andrade no duda que el arrepentimiento del Ejecutivo federal para desaparecer la dependencia valió la pena.
¿Valió la pena mantener a la Secretaría de la Función Pública?
—Definitivamente. Es una secretaría muy importante porque es la única que puede tener una visión transversal y simultánea de lo que está sucediendo en todas las instituciones de gobierno, que son cerca de 300, y es la que puede dar seguimiento a los grados de avance de las reformas, programas y las obligaciones legales de cada dependencia.
¿Desde qué aspectos da seguimiento al avance de las reformas?
—A que se cumplan en tiempo las obligaciones que se establecen particularmente en los artículos transitorios, ya sea de la Constitución o de las propias leyes que aprueba el Congreso. Al mismo tiempo la secretaría tiene la capacidad de hacer recomendaciones.
Se han cumplido las reformas, ¿existen observaciones?
—En general hay un cumplimiento razonable de los avances de las reformas, pero en la medida en que el tiempo va pasando se hace más importante poner énfasis en las prevenciones, en las recomendaciones y en las atenciones que se deben de ver y analizar para aterrizar los asuntos de las reformas en materias financiera y educativa.
¿En el combate a la corrupción han caído peces gordos?
—Actuamos conforme a la ley en términos de investigación sobre servidores públicos que presuntamente violan las regulaciones o usan indebidamente su poder o sus recursos. Esto significa abrir procesos derivados de quejas ciudadanas o de observaciones hechas en el ejercicio del cargo por la propia secretaría o por la Auditoría Superior de la Federación.
El volumen de atención que tiene la Secretaría de la Función Pública es entre 26 mil y 30 mil quejas o denuncias al año, y este procedimiento considera algunos otros factores propios de una administración, como son los de la división estricta de funciones. Debemos reconocer que falta consolidar un sistema de quejas ciudadanas más ágil que de mayor confianza.
Si se encuentra responsabilidad plenamente acreditada de la participación de funcionarios superiores en situaciones indebidas, se actúa en consecuencia, como este año con dos titulares de empresas paraestatales, y con un titular de otro organismo.
¿Quiénes?
—Los titulares de Exportadora de Sal, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y del Puerto de Topolobampo, en su momento.
¿En dónde se presentan más los actos de corrupción?
—Hay distintos niveles y circunstancias. En el área atención directa al público pueden presentarse actos indebidos de corrupción, para esos casos tenemos el usuario simulado que, frente a denuncias, se envían funcionarios a las situaciones específicas de queja.
Hay otros niveles en donde los actos de corrupción se hacen más complejos, porque son contubernios y redes y, en ese sentido, es importante establecer protocolos. En niveles medio altos y altos hay mayor susceptibilidad de violación, el mayor riesgo es que existan situaciones de enriquecimiento ilícito.
