Dos quejas por presunta violencia simbólica, verbal y de otros tipos, incluso daño moral, acumula el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que ha dado trámite a las investigaciones.
Las quejas contra el gobernador fueron presentadas por dos mujeres (una profesora y una empresaria del ramo de transporte), quienes aseguran haber sido víctimas de actos de violencia cometidos por el gobernador, del tipo simbólica, así como actos discriminatorios, violencia psicológica, incluso daño moral.
Evangelina Castillo Hirales, presidenta de la asociación Gremio Rosa Movilidad en Los Cabos que busca concesiones de taxis para mujeres, confirmó a “El Universal” que recientemente presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por presuntos actos de violencia simbólica y daño moral, ejercidos por el mandatario estatal.
La empresaria dijo que en la búsqueda de lograr concesiones han sido “obstaculizadas y discriminadas”, incluso el gobernador —acusó— ha hecho señalamientos falsos en su contra que habrían dañado moralmente a su colectivo.
Esta queja —presentada la semana pasada— se suma a la presentada en enero, interpuesta por la maestra de preescolar Claudia Isabel Peña Garza, por una situación que enfrentó en noviembre del año pasado durante una reunión con el gobernador, cuando se desempeñaba como diputada parlamentaria.
Al hacer ella uso de la voz para buscar un diálogo y hacer ver la importancia de la perspectiva de género, Castro Cosío se molestó por lo que consideró una “interrupción”, incluso alzó el tono de su voz y pidió “respeto” a su investidura y a la Sala de Gobernadores donde se realizó el encuentro.