La fiscalía especializada en delitos electorales tiene abiertas 39 carpetas de investigación por violencia política contra las mujeres, de las cuales 21 casos son por amenaza e intimidación para que renuncien a su cargo como alcaldesas, regidoras o síndicas.
Del total de casos siete se presentaron en Chiapas y tres en los estados de Puebla, Tabasco y Tlaxcala, respectivamente, indicó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.
Además, seis carpetas se iniciaron como resultado de la “guerra sucia”, por ataques “desproporcionados”, dijo en el segundo y último día de trabajos del foro Llamado a la Acción para la Democracia Paritaria en México, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El funcionario federal señaló que cuatro casos se iniciaron por obstaculización del adecuado ejercicio de las funciones de las funcionarias electorales, y uno tiene que ver con “congelamiento de salarios” en el estado de Puebla.
Un caso más es por abuso sexual, en el estado de Oaxaca, y dos por estereotipos respecto de lo que “puede o no puede hacer” una presidenta municipal o regidor.
Asimismo, dijo que se tiene abierta una carpeta como establece el nuevo sistema penal acusatorio, relativa a una detención arbitraria y dos por casos de discriminación, entre otras.
Nieto Castillo reconoció que la violencia política contra las mujeres no se presenta únicamente en municipios indígenas o con fuerte presencia indígena.
Es decir, “es en cualquier tipo de municipio, es un asunto estructural, urbano-rural-indígena que corta de manera transversal cada uno de los espacios municipales”, subrayó.
Aunado a ello está el hecho de que el país no cuenta con una adecuada protección para poder defender en el ámbito de lo municipal cuando se cometen delitos electorales contra las personas.
