Sería prudente aunque improbable que un organismo de tanto valor por su contribución a las sociedad como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros pudiera intervenir de oficio para revisar el comportamiento de proveedores de bienes y servicios financieros, pues muchas deudas reportadas ante el Buró de Crédito por montos mínimos, corresponden a saldos imaginarios, presentes solo en el estado de cuenta de los vendedores.
Que se investigara de oficio esas deudas que son registradas en el Buró de Crédito, originadas con cantidades que van de cien a cuatro mil pesos, es una aspiración de consumidores de bienes y servicios, porque muchas reflejan un fraude que si se sumara arrojaría una cantidad considerable.
Ayer mismo se informaba que la mayoría de las inconformidades presentadas por los usuarios de los servicios financieros corresponden a consumos no reconocidos; contra gestiones de cobranza, en donde “la gran mayoría de los casos no son deudores”.
Mucho se critica al sistema, sin embargo éste resulta ser benigno. Lo que sucede es que no todos quienes se desempeñan y se benefician de él tienen la voluntad de apegarse a la legalidad. Claro ejemplo de lo anterior resultan las reclamaciones de usuarios contra instituciones financieras que, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, crecieron 9.4 por ciento en los cuatro primeros meses de este año, frente al mismo período de 2014, en las que los bancos fueron los más denunciados.
El organismo dio a conocer que en el primer cuatrimestre del año atendió 81 mil 325 reclamaciones, de las cuales 50 mil 826, equivalentes a 62.5 por ciento del total, fueron en contra de la banca comercial que opera en el país.
El número de quejas interpuestas por los usuarios en contra de esas entidades financieras presentó una variación al alza de 9 por ciento, de acuerdo con el reporte del organismo.
Pero no solo son las entidades financieras las que pretenden evadir las reglas del juego; también hay proveedores de bienes que inventan deudas con el propósito de que el consumidor nunca termine de pagar un producto.
Es necesario advertir que obrar de esta manera desalienta al mercado, crea y generaliza la desconfianza, lo cual no es positivo. Por ello, ampliar facultades a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros e incluso a la Procuraduría Federal del Consumidor podría resultar de mucho beneficio, al ser organismos que han venido, desde su creación, poniendo un poco de orden frente a conductas que no son apropiadas en el juego sano de la economía.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, institución pública dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, cada día cobra mayor importancia por su aporte en diversos tipos de transacciones.
El organismo que auxilia a usuarios de estos servicios, como su nombre indica, promueve además acciones preventivas como orientar, informar o promover la educación financiera entre los particulares; así como correctivas, tales como atender y resolver las quejas y reclamaciones.
No obstante, pese a los enormes beneficios que da dicha Comisión, el auge de inconformidades hace ver la necesidad de mayores controles, pues la ausencia de equilibrios en estas relaciones se traduce en deterioro de todo el sistema.
