Irregularidades en el gasto de educación superior

Las instituciones de educación superior analizadas concentran una matrícula de más de 2.3 millones de estudiantes. Cortesía
Las instituciones de educación superior analizadas concentran una matrícula de más de 2.3 millones de estudiantes. Cortesía

Con posibles irregularidades por dos mil 404 millones de pesos detectadas en universidades públicas y tecnológicos del país, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió alertas sobre el manejo de recursos federales en instituciones de educación superior que concentran a más de 2.3 millones de estudiantes, equivalentes a casi 70 % de la matrícula nacional universitaria.

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), elaborado a partir de la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2024 publicada en febrero de 2026, la ASF revisó a casi cien universidades públicas estatales, interculturales, tecnológicas, politécnicas e institutos tecnológicos del país.

Fiscalización

En total, la Auditoría verificó el ejercicio de 111 mil 557 millones de pesos, equivalentes a 89 % de los recursos federales asignados a universidades estatales sujetos a fiscalización.

Sin embargo, la revisión identificó dos mil 404 millones de pesos con posibles irregularidades, monto que aún permanece en proceso de aclaración por parte de las instituciones educativas.

El IMCO advirtió que pese a observaciones previas de la ASF, las anomalías detectadas en universidades aumentaron respecto a la revisión anterior, al pasar de mil 564 millones de pesos a mil 879 millones de pesos en el ejercicio 2024.

El organismo señaló que uno de los principales problemas es la alta dependencia de recursos federales. En 30 de las 35 universidades públicas estatales revisadas, más de la mitad de su presupuesto proviene de la Federación.

Incluso, en universidades como las autónomas Benito Juárez de Oaxaca y Yucatán, cerca de 90 % de sus recursos corresponde a fondos federales, situación que, advirtió el IMCO, limita su autonomía financiera.

Ante este panorama, el organismo propuso fortalecer los sistemas de nómina mediante bloqueos automáticos para evitar pagos irregulares y cruzar bases de datos de personal con el estatus laboral de trabajadores para validar la vigencia de plazas antes de realizar transferencias.