Un juez federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión contra científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), luego de que la Fiscalía impulsó una acción penal contra 31 personas por supuestos malos manejos, derivada de una denuncia interpuesta por María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo.
“La FGR puede impugnar la resolución del día de hoy ante un tribunal colegiado. Los 31 académicos imputados por la FGR están en proceso de ser notificados de la sentencia”, según la resolución del juez.
Ayer miércoles, El Universal publicó en su primera plana que la Fiscalía, cuyo titular es Alejandro Gertz, busca imputarles a esas personas los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del Foro Consultivo supuestamente recibieron ilegalmente 50 millones de pesos por parte del Conacyt en la administración de Enrique Peña Nieto.
En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado —siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Conacyt sí podía entregar recursos al foro— la FGR solicitó a un juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, Estado de México, las órdenes de captura, pero las negó inicialmente por “considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.
