La reforma al Poder Judicial para establecer en México una justicia mejor y más expedita, es uno de los puntos que la presidenta electa mencionó desde el día que inició su campaña.
“El Poder Judicial tiene la responsabilidad de construir la paz y un verdadero Estado de derecho que deje de proteger intereses de una minoría y tutele verdaderamente los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como el interés supremo del pueblo y de la nación. Por ello apoyamos la medida de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo de México”.
¿Y en qué consiste la reforma al Poder Judicial que proponen?
En la elección abierta de ministros, magistrados y jueces; en la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano independiente y en nuevas reglas procesales para expeditar la justicia.
Esta propuesta requiere de la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: de 11 integrantes, se reducen a nueve; el periodo de sus encargos baja de 15 a 12 años y solo sesionará en pleno y de manera pública. También, se elimina la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras.
Sus remuneraciones se ajustan sin excepción al tope máximo establecido para el presidente de la República. Los fideicomisos del Poder Judicial deberán ser reintegrados al Fondo de Pensiones para el Bienestar; respetando, sin dudar, los derechos y prestaciones de los trabajadores.
En lo que toca a ministros, magistrados y jueces, deberán ser electos mediante voto popular; la elección para todos se realizará en 2025 y quienes ocupan cargo actualmente, podrán participar en ella en igualdad de condiciones.
La selección se hará a partir de 30 candidaturas propuestas por los tres Poderes de la Unión: 10 candidaturas por el Poder Ejecutivo; 5 candidaturas por cada Cámara del Poder Legislativo, por mayoría calificada; y 10 candidaturas por el Poder Judicial a través del Pleno de la SCJN, con mayoría de 6 votos.
En el caso de los mil 633 magistrados de Circuito y jueces de Distrito, serán electos en cada uno de los 32 circuitos judiciales a partir de seis candidaturas por cargo (dos por cada Poder de la Unión).
El Consejo de la Judicatura Federal, encargado de sancionar a los miembros del Poder Judicial, será sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de seis años y propuestos por los Poderes de la Unión.
De las nuevas reglas procesales que tienen como fin que la justicia se haga expedita; se establecen entre otras, un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y un año para asuntos penales.
Definitivamente todos y todas tendrán la oportunidad de expresar sobre esta imprescindible reforma en los foros a los que convocará el Senado en esta semana. También, en la encuesta que en breve lo hará Morena.